Según un estudio de Global Witness, algunas empresas europeas están introduciendo en el continente minerales por valor de miles de millones de euros sin tener que revelar si su adquisición financia a grupos armados o violaciones de derechos humanos en países arrasados por el conflicto.

“De momento, no tenemos forma de saber qué es lo que están haciendo las empresas europeas para evitar financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos”, declaró Michael Gibb, de Global Witness.

Gibb señaló que la UE tiene en marcha una iniciativa legislativa que "sólo alcanza a sugerir que las empresas comprueben y declaren la fuente de sus minerales voluntariamente”.

“Los estudios muestran que las empresas sencillamente no comprueban sus cadenas de suministro salvo que se las exija hacerlo. Para decirlo con claridad, esta ley no reducirá significativamente el comercio de minerales de zonas en conflicto”, apuntó.

La investigación de Global Witness, según destacó Amnistía Internacional, sugiere que “si los minerales se obtienen sin los controles adecuados en zonas afectadas por el conflicto y de alto riesgo, pueden usarse para pagar a grupos armados y fuerzas de seguridad que infligen una violencia insufrible a las comunidades locales”.

LLENAR LOS BOLSILLOS DE GRUPOS ARMADOS

Estos minerales pueden terminar convirtiéndose en productos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, coches o bombillas. En la República Democrática del Congo, Colombia y la República Centroafricana, este comercio ha alimentado “conflictos letales” que han desplazado a más de 9,4 millones de personas y desembocado en abusos atroces contra los derechos humanos, en tanto que en Colombia se relaciona a las propias empresas mineras con violaciones de derechos humanos, según Global Witness.

Según el estudio, la UE fue responsable de casi una cuarta parte del comercio mundial de minerales de estaño, tungsteno, tantalio, oro y otros metales en 2013 (unos 28.500 millones de euros), año en el que importó 240 millones de teléfonos móviles y más de 100 millones de ordenadores portátiles, que contienen también estos minerales. “En la actualidad, no se exige a las empresas que garanticen que las ganancias procedentes de este comercio no acaban en las manos equivocadas”, añade.

“Hay buenas razones para creer que las empresas europeas se están beneficiando de un comercio de minerales que está llenando los bolsillos de grupos armados que cometen abusos en países ricos en recursos como el Congo y Colombia”, afirmó Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, quien reclamó a la UE que elabore “una ley significativa que aborde efectivamente el vínculo que une el comercio europeo y los abusos violentos contra los derechos humanos en otros países”.

La coalición de ONG pidió a los diputados del Parlamento Europeo y a los Estados miembro de la UE que replanteen el proyecto de ley de la Comisión Europea y creen algo que dé a los consumidores la seguridad de que sus compras no contribuyen a causar daños en otros países.