Según el dictamen del CES, al que tuvo acceso Servimedia, el anteproyecto de ley establece nuevos actos para los que será necesaria una autorización previa por parte de la Administración, lo que ahondará en un mayor intervencionismo sobre la actividad de las fundaciones.

Así, el dictamen, que fue aprobado con 45 votos a favor y 2 abstenciones, asevera que “el escenario de un sector fundacional más tutelado por parte de la Administración podría alterar negativamente el equilibrio entre facultades del gobierno de las fundaciones y potestades del órgano protector, entre autonomía y control, introduciéndose rigideces innecesarias”.

En concreto, el CES critica que el anteproyecto establezca la autorización previa al protectorado para constituir una fundación y determine que, “sin la resolución favorable, no será posible la escritura pública de constitución”.

También considera negativo que el texto permita el silencio administrativo como contestación a la solicitud de los fundadores. El CES considera que “no está justificado el silencio administrativo negativo en estos supuestos, máximo con el volumen de actividad que recaerá sobre el organismo encargado de las fundaciones”.

Asimismo, el Consejo considera que una revisión de numerosos aspectos del régimen jurídico de las fundaciones habría exigido “una mayor y más detallada explicación y fundamentación de las razones que la avalan”, máxime teniendo en cuenta que estos cambios “no parecen haber constituido una demanda sentida por el sector, a excepción de los relativos a la unificación de protectorado y registros”.

Otros aspectos que critica el CES se centran en el tratamiento de actividades mercantiles, que el dictamen considera necesario que se delimite “con mayor precisión”; en el destino de los ingresos generados, cuya redacción es “confusa” en lo que se refiere a los ingresos del excedente; en la contratación de personas vinculadas a la fundación, cuya regulación es “excesivamente restrictiva”; en la dotación económica, criticando la eliminación de que se pueda efectuar la aportación dineraria de forma sucesiva; la obligación de contar con una página web, que considera “excesiva”; y la responsabilidad de los miembros del patronato, que en criterio del CES debería aclarar que en todo caso recae sobre los patronos personas jurídicas y no físicas.

En conjunto, el CES considera que el desarrollo de estos aspectos es “en exceso complejo” y, en algunos elementos, “incluso ambiguo”. Además, asegura que “suscita dudas sobre su idoneidad para satisfacer los fines que busca el anteproyecto”.

Además, el CES alerta de que los riesgos derivados de estas “posibles trabas y complejidad” podrían agravarse si el organismo regulatorio “carece de suficiente dotación material y humana para un funcionamiento ágil y eficiente”.

Por último, el Consejo considera que habría sido “deseable” que la regulación de las fundaciones se acompañara de la futura normativa de carácter fiscal aplicable a estas entidades, y recomienda que estos proyectos de ley se tramiten paralelamente en las Cortes.

ASPECTOS POSITIVOS

A pesar de las críticas, el CES también destaca algunos aspectos positivos, como que el anteproyecto da cumplimiento a la demanda del sector de un registro único para todas las fundaciones estatales, así como la unificación del protectorado en un único órgano.

También valora positivamente los avances de eficiencia con la utilización de medios electrónicos y lo que respecta a la técnica legislativa empleada, ya que la opción de elaborar una nueva ley cuya estructura coincide con la actual “permite una mejor comprensión de los cambios y facilita la labor consultiva”.