Esta organización llega a esta conclusión en su informe ‘El comercio de China en instrumentos de tortura y represión’, hecho público este martes y que ha llevado a cabo junto con la fundación de investigación Omega.

El informe muestra que más de 130 empresas chinas participan en la fabricación y el comercio de “material peligroso de mantenimiento de la ley”, frente a las 28 que se dedicaban a este sector hace una década.

Señala que algunos de los dispositivos comercializados abiertamente por estas empresas, como porras eléctricas, porras con púas de metal y grilletes con peso para las piernas, son “intrínsecamente crueles e inhumanos y, por tanto, deben prohibirse de inmediato”.

Otros materiales que pueden tener un uso legítimo en la labor policial (gas lacrimógeno, proyectiles de plástico o vehículos antidisturbios) se exportan desde China, a pesar de que existe “un riesgo sustancial” de que las fuerzas del orden de los países receptores los utilicen para cometer violaciones de derechos humanos.

“Cada vez hay más empresas chinas que se están beneficiando del comercio de herramientas de tortura y represión, alimentando abusos contra los derechos humanos en todo el mundo”, manifestó Patrick Wilcken, investigador sobre el comercio de equipo de seguridad y derechos humanos de Amnistía Internacional.

Wilcken apuntó que este comercio, “que provoca un sufrimiento inmenso, está en auge porque las autoridades chinas no han hecho nada por impedir que las empresas suministren estos nauseabundos dispositivos o que el material policial caiga en manos de elementos de los que se sabe que cometen abusos contra los derechos humanos”.

PORRAS CON PÚAS

Amnistía indica que las empresas chinas, en su mayoría de propiedad estatal, tienen una presencia cada vez más fuerte en el mercado global de material para las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley.

China es el único país del que se sabe que fabrica porras con púas, esto es, porras que tienen púas de metal a todo su largo o porras de plástico con una cabeza de metal terminada en punta, las cuales están diseñadas específicamente como herramientas de tortura y pueden causar un dolor y un sufrimiento muy considerables. Según la investigación de AI, la policía de Camboya ya utilizado estos instrumentos, así como las fuerzas de seguridad de Nepal y Tailandia.

Por otro lado, el informe destaca que 29 empresas chinas dedicadas a la exportación anunciaban porras eléctricas “inherentemente crueles”, con las cuales “a los agentes de seguridad les resulta fácil aplicar manualmente descargas eléctricas múltiples, sumamente dolorosas, en zonas sensibles del cuerpo, como los genitales, la garganta, la ingle o las orejas, sin dejar rastros físicos duraderos”.

Además, decenas de empresas chinas fabrican y comercializan dispositivos de inmovilización abusivos, como grilletes para las piernas que llevan un fuerte peso o sillas de inmovilización rígidas, y hasta una empresa fabrica esposas con combinación para el cuello, que pueden poner en peligro la vida de una persona al limitar la respiración, la circulación de la sangre y la comunicación nerviosa entre el cuerpo y el cerebro.

El informe recoge casos de empresas chinas que han vendido materiales de tortura a Ghana, Senegal, Egipto, Madagascar, Uganda y República Democrática del Congo.