La directora general de la Fundación RedMadre, Amaya Azcona, abogó por esta nueva fórmula legal para “crear un entramado de actuación público-privada que permita que toda mujer con un embarazo imprevisto y en una situación de desamparo tenga acceso a medidas concretas de protección, que garanticen su derecho a ser madre y remuevan los obstáculos que dificultan el ejercicio de ese derecho”.

“Pedimos al Gobierno que reflexione y acometa una reforma de la legislación más acorde con las necesidades reales de nuestra sociedad”, señaló Azcona, quien añadió que la ley de apoyo a la maternidad obligaría a los poderes públicos a establecer todas las medidas a su alcance para defender la expectativa de nacer del niño y garantizar una protección integral del derecho a la maternidad de la mujer.

La Fundación RedMadre sentenció que “el aborto es una situación por la que ninguna mujer debería pasar y es obligación de los poderes públicos, en cumplimiento del mandato constitucional refrendado por el Tribunal Constitucional, proteger no sólo la vida del ‘nasciturus’, sino también el derecho a la maternidad de la mujer”.

Esta entidad afirmó que atiende cada año a miles de mujeres embarazadas con dificultades (8.020 en 2013) y que el 89% de las que asiste y se plantean abortar siguen adelante con su embarazo.

Subrayó que se trata de “mujeres que, en algún momento, se plantean abortar porque nadie les ofrece una ayuda concreta a sus dificultades económicas, psicológicas, laborales y familiares entre otras, o que se encuentran en una situación de desamparo y que si no encuentran una ayuda no ven salida y se ven abocadas a abortar”.

“Las voluntarias de RedMadre palpan día a día la absoluta necesidad de leyes y políticas públicas comprometidas de verdad con la maternidad y ven con profunda tristeza la posibilidad de que los políticos se olviden de esas mujeres y renuncien a elaborar y aprobar leyes justas en la materia”, concluyó Azcona.