Emilio Olabarria, portavoz de Interior y Justicia de los peneuvistas en el Congreso, dijo a Servimedia que la decisión de Vic es "contraria a ley", ya que la legislación de extranjería establece que el empadronamiento es suficiente para acceder a servicios básicos como la educación o la sanidad.

Olabarria señaló que no "comparte" la decisión de este ayuntamientos barcelonés, ya que no empadronar a los inmigrantes no regularizados puede complicar la situación de personas como los refugiados, que están pendientes de normalizar su situación en España.

El portavoz peneuvista añadió que la decisión de Vic es "muy discutible" también, porque los servicios públicos que se limitan al no estar empadronador no son competencia municipal, como ocurre con la sanidad.