En declaraciones a Servimedia, fuentes de esta organización explicaron que el desacuerdo con la medida no tiene relación con el fondo de la iniciativa, “puesto que sería un enriquecimiento para toda la sociedad y abriría oportunidades laborales”, sino que es fruto de que esta medida no se vaya a gestionar desde el Estado español y contando con la comunidad islámica autóctona, "es decir, con los musulmanes que vivimos en España”.

Eso sí, la Junta Islámica aclaró que su postura crítica no es porque sea Marruecos en concreto quien tuviera capacidad de decisión en la enseñanza del árabe, puesto que su posición sería la misma si se planteara esta idea con cualquier otro país. Y es que, a juicio de esta organización, una cesión de este tipo es “algo insólito”.

Además, la Junta Islámica hizo hincapié en que su criterio con respecto a este plan no es óbice para seguir denunciando que la ley de 1992 que recoge los derechos de las personas musulmanas en España no se está cumpliendo, “y hay que seguir reclamando que esto deje de ser así”.

Como ejemplo, desde esta organización recordaron que la normativa recoge que los musulmanes pueden estudiar la religión islámica en las aulas, algo que todavía no pueden hacer el 90% de los estudiantes pertenecientes a este colectivo.