Según prevé el Código Civil en su artículo 956, cuando una persona fallece sin haber hecho testamento y sin tener herederos legales, es el Estado el que recibe esos bienes, que tienen que ser dedicados a fines diversos, unos sociales y otros de amortización de la deuda pública.

A juicio del Cermi, esta regulación, que procede del siglo XIX, ha quedado obsoleta, y debería modificarse para que todos los recursos que obtenga el Estado por esta vía de los abintestatos se dediquen a acciones de autonomía personal y atención a la dependencia, como la gran demanda social de este momento.