El Cermi Islas Baleares se remite en un comunicado a las noticias aparecidas los medios de comunicación, sobre que la trama que supuestamente ha defraudado de forma sistemática fondos públicos destinados a la formación de los trabajadores en Baleares se llegó a apropiar presuntamente de al menos 430.000 euros reservados para ayudar a encontrar empleo a personas con discapacidad.

El Comité asegura que dentro de esta red, y según la información recogida por los medios de comunicación, parece encontrarse una ONG, que todavía no ha sido identificada.

El Cermi Islas Baleares expresa su condena más rotunda a todas las prácticas ilegales y alienta a los órganos competentes y a la Administración de Justicia a investigar los hechos y a adoptar las medidas administrativas y penales necesarias contra aquellas entidades implicadas si se demuestra su culpabilidad.

"Las acciones de unos pocos no pueden poner en duda la honradez del trabajo constante y digno de muchas organizaciones sin fines de lucro para defender la misión de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y lograr su plena integración a través de la inserción laboral y formación", señala el comunicado.

Además, defiende que las entidades que pertenecen al Cermi Islas Baleares gestionan de forma escrupulosa los fondos públicos destinados a programas dirigidos a mejorar las vidas de las personas con discapacidad, sometiendo su gestión a auditorías financieras externas y de calidad de servicio.

Conscientes de la responsabilidad que supone el manejo de fondos públicos destinados a la mejora de la calidad de vida de tantas personas, subraya el Comité, las entidades del Cermi Baleares "quieren reforzar su compromiso con la sociedad de las Islas Baleares hacia una gestión rigurosa y transparente y en la defensa de los intereses de las personas con discapacidad. Esta y no otra, es su razón de ser".

Asimismo, reclama que la información publicada en los medios de comunicación sea "exhaustiva" y que se identifique a aquellas organizaciones que, supuestamente, han cometido algún delito. "De lo contrario, todo el sector de la discapacidad puede resultar sospechoso", señala.

"Este hecho pone en duda la transparencia y la buena gestión que se realiza por parte del grueso de asociaciones, fundaciones y federaciones que conforman el tercer sector e involucradas, todas ellas, en un objetivo común indispensable: que las personas con discapacidad mejoren su calidad de vida, así como la creación de una sociedad más justa y solidaria", concluye el comunicado.