Becerril presentó hoy ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Defensor del Pueblo el estudio 'Telecomunicaciones: demandas y necesidades de los ciudadanos', con recomendaciones a la Administración para que las teleoperadoras ofrezcan información clara y suficiente a sus clientes a la hora de facturar sus servicios.

Además de que la baja de la línea se haga realidad en cuanto lo pida el usuario, el informe recomienda que se prorratee la penalización por incumplimiento del compromiso de permanencia.

En opinión de la defensora, “la información que reciben los consumidores sobre los compromisos que adquieren ante los operadores debe ser veraz” y estos “deben explicar con claridad los servicios que prestan, sus costes, y no poner trabas a la finalización de los contratos”.

El estudio plantea extender el uso entre las administraciones públicas de los números de teléfono gratuitos de atención al ciudadano para facilitar el contacto con los órganos administrativos.

Otra de las recomendaciones del estudio solicita que el límite para ser beneficiario del abono social se adapte de manera automática a las variaciones de las pensiones que dan derecho a ello. Se pretende evitar que jubilados y pensionistas con rentas bajas tengan que prescindir de un servicio básico como la telefonía, por una mínima variación en sus pensiones.

En materia de protección de datos, el estudio propone que las compañías informen al receptor en las llamadas publicitarias sobre su derecho a conocer la fuente que ha facilitado sus datos y que se respete la negativa a recibir este tipo de llamadas. También, que las páginas web incluyan una sección en la que los interesados puedan ejercer el control sobre sus datos.

La mayor parte de las quejas recibidas en el Defensor del Pueblo sobre las telecomunicaciones tienen relación con la facturación y con la dificultad para dar de baja los servicios contratados, así como por la prestación del servicio universal y con la necesidad de expansión de banda ancha en Internet.

En declaraciones a los periodistas, la defensora destacó el compromiso que le dado el Ministerio de Industria de que a partir del 1 de octubre, la factura eléctrica será “más fácil de comprender”.