Fuentes de esta asociación del Instituto Armado se expresaron en estos términos a Servimedia para referirse a la reciente imputación por prevaricación del jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, por haber devuelto “en caliente” a Marruecos este verano a decenas de subsaharianos que habían logrado saltar la valla.

Esta asociación anunció que en el próximo Consejo de la Guardia Civil va a exponer y solicitar “que se diga de una vez por todas qué valla delimita el territorio español”, para así poder acabar con la ambigüedad que rodea la actuación de control de los inmigrantes en Melilla.

Según las fuentes consultadas, una vez que se delimite dónde empieza el territorio nacional, si en la primera o en la segunda valla, “la legislación a aplicar está perfectamente definida” y así se solventarían las dudas existentes en el caso del coronel Martín Villaseñor. “Si tenemos claro cuál es la valla que delimita el territorio español, está claro cuál es la forma de actuar”, afirman desde la UniónGC.

NO A LA "DEVOLUCIÓN EN CALIENTE"

En el caso de que el inmigrante estuviera en España, esta asociación tiene claro que no se podría realizar una “devolución en caliente”, porque el deber de los agentes es acoger al ciudadano que ha entrado en el país y trasladarlo al centro que corresponda.

Por otro lado, este colectivo de guardias civiles pidió que “se garantice el derecho a defensa y la presunción de inocencia” del coronel imputado y que, si hay indicios suficientes para dictar una sentencia condenatoria, “que se aplique la ley como está marcada”, ya que las resoluciones judiciales tienen que ser “ejemplarizantes”.

El mando de la Guardia Civil recientemente imputado se defendió diciendo que actuó conforme a la orden firmada por él mismo el pasado 11 de abril, en la que se explica que el territorio español sólo empieza a partir de la valla interna y no en el comprendido entre ambas vallas. Solo cuando el inmigrante rebasa la última valla está en España, sostiene este agente.

No obstante, en opinión del juez instructor de esta causa, dicha orden "es una derogación de facto de los tratados internacionales suscritos" entre España y Marruecos "en materia de delimitación de los límites fronterizos" y por haberla redactado y aplicado imputa por prevaricación al coronel.