Este contrato, según informa el Gobierno, tiene una vigencia de un año, desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2015, sin posibilidad de prórroga.

El Ejecutivo desglosa que el mayor monto para la factura eléctrica será para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (26.238.798 euros), seguido de la Dirección General de la Policía (19.150.000 euros).

El resto de la cuantía se reparte entre el Ministerio/Subsecretaría (725.000), Dirección General de Protecció y Emergencias (230.000), la Secretaría de Estado de Seguridad (993.298,82), la Dirección General de Guardia Civil (9 millones), el organimo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico (7,3 millones) y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (23.000).