El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, a través de un comunicado, destacó la “falta de aplicación” de la Ley de Memoría Histórica y recordó que la ONU también ha expresado su “preocupación” por la “indiferencia” del Ejecutivo español ante las víctimas del franquismo.

Según Bosch, localizar y recuperar los cadáveres enterrados en fosas comunes no es una cuestión "ideológica" sino de derechos. A este respecto, destacó que existe un deber de adoptar medidas para la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes de la Guerra Civil.

Según JpD, la ONU acaba de declarar que el Estado español está incumpliendo sus compromisos internacionales y dejando sin protección a las víctimas del franquismo. Los informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sostienen que el Gabinete de Mariano Rajoy está incumpliendo la normativa interna y los principios internacionales sobre desapariciones forzadas y reparación de las víctimas.

DAÑO SUFRIDO

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas expresaron su preocupación por la indiferencia de las instituciones españolas hacia las víctimas y reprochan su falta de voluntad de reparar el daño sufrido por los familiares de los asesinados por el franquismo.

En este sentido, JpD denunció la falta de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que establece una serie de obligaciones para el Gobierno, entre las cuales se encuentra el deber de adoptar medidas para la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes.

Ese incumplimiento representa una “situación inaceptable en una sociedad democrática” en la que la ley establece la obligación de los poderes públicos de financiar las exhumaciones.

La inobservancia de estos mandatos legales, continúa el comunicado, resulta contraria a las exigencia de reparación a las víctimas de los delitos cometidos durante la dictadura.

SIN EXCUSA ECONÓMICA

JpD insistíó en que “no resulta aceptable el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos, porque ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales”.

De ello deduce esta asociación de jueces que existe por parte del Gobierno “una evidente voluntad de no continuar con las exhumaciones. Y eso es contrario a nuestra legislación y a las obligaciones internacionales de nuestro país”.

A juicio de este colectivos de magistrados, reparar a las víctimas y permitirles recuperar los restos de sus seres queridos “no supone una apuesta ideológica determinada, sino que representa el funcionamiento más básico de un Estado de Derecho, a través de principios que tienen carácter universal”. Bosch insistió en que España sigue siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.