Así se recoge en una moción del Grupo Parlamentario Socialista presentada en el Congreso por el diputado Guillermo Meijón, que fue transaccionada con propuestas de otros grupos de la oposición y rechazada con los votos del PP. En la votación en el Pleno obtuvo 136 apoyos, 15 abstenciones y 174 votos en contra.

Meijón afirmó que “los socialistas queremos afianzar todavía más nuestro compromiso de que cuando el PP pierda la mayoría absoluta derogaremos esta ley educativa” que, en su opinión, cuenta con la oposición de toda la comunidad educativa y de la mayor parte de la sociedad.

En este sentido, Guillermo Meijón acusó al PP de haber recortado el número de profesores en más de 30.000 profesores, al tiempo que las partidas presupuestarias destinadas a educación ha sufrido una merma de más de 7.000 millones desde que el PP llegó al poder, según afirmó.

Ante esta situación, recordó que se debe incrementar la inversión en educación, y recordó el compromiso del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de incrementar en los próximos ocho años los presupuestos educativos hasta alcanzar el 7% del

Producto Interior Bruto (PIB).

ALARMISMO

Por su parte, la diputada del PP Sandra Moneo mostró su rechazo a la moción y afirmó que la mayoría de los partidos de la oposición se sitúan en “el terreno del alarmismo”. De este modo, comentó que “la educación no está en peligro”, y lamentó que “nos choquemos una y otra vez con los argumentos de siempre”, que a su juicio han llevado a la educación a presentar los problemas que tiene, que sobre todo se ven reflejados, agregó, en el alto porcentaje de fracaso escolar.

Asimismo, Sandra Moneo criticó que no se valoren aspectos de la Lomce como la reforma de la Formación Profesional, “que a partir de ahora permitirá que alumnos que antes salían sin ningún título del sistema, puedan tener una formación que les permita tener un mejor futuro”.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Por su parte, desde CIU y Esquerra Republicana criticaron los “ataques” que la Lomce hace, a su juicio, a las competencias que las comunidades autónomas tienen en materia educativa, y denunciaron que se intente frenar la política lingüística que “funciona perfectamente” en Cataluña.