El grupo socialista recuerda que la ley reconoce el derecho subjetivo de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal para toda la población y con garantía pública.

Por su parte, los socialistas subrayan que el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad introdujo numerosas modificaciones en la regulación del sistema que causaron enorme perjuicio a las personas en situación de dependencia.

Entre ellas destacan la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado; la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo; la reducción en un 15% de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; la revisión de la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, cuyas cotizaciones pasan a ser exclusivamente a su cargo; y la aplicación de un plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar.

Además, se volvió a revisar el calendario para retrasar, más aún, la entrada de dependientes moderados; se introdujo un régimen de incompatibilidad de las prestaciones; y se excluyó del silencio positivo el reconocimiento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

Todo ello, según los socialistas, está vaciando de contenido el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.

Ante esta situación, instan al Gobierno a impulsar un grupo de trabajo para garantizar la sostenibilidad de la Ley de Dependencia.