"CCOO va a trabajar este curso escolar desde la propuesta y desde la respuesta. En este último ámbito, propondremos al resto de organizaciones que defienden la enseñanza pública la convocatoria de una huelga general el próximo otoño", explicó García Suárez en una rueda de prensa en la sede de la Federación de Enseñanza del sindicato en Madrid, en la que valoró el impacto que la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce) tendrá en el sistema educativo.

El sindicato recordó que el curso escolar que se inicia este lunes es el de la entrada en vigor de la Lomce en los cursos impares de Primaria, así como en la Formación Profesional (FP), una normativa que ha concitado el “rechazo absoluto” de todos los partidos políticos y de toda la comunidad educativa.

García Suárez subrayó que los recursos destinados al sector educativo se han ido reduciendo paulatinamente desde 2009, cuando se alcanzó el techo de gasto público dedicado a la enseñanza (5,07% del Producto Interior Bruto), enfatizando en el hecho de que el Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a reducirlo hasta el 3,9% en 2015.

“Se está llevando a cabo una desinversión educativa brutal, que nos retrotrae hasta el año 1987. Entonces la educación era obligatoria hasta los 14 años, no hasta los 16 como lo es ahora, y la educación infantil no era universal. Estamos hablando de cinco cursos menos que ahora. Vivimos en una política de recortes sobre recortes”, manifestó García Suárez.

MÁS ALUMNOS, MENOS PROFESORES

Del mismo modo, el sindicato incidió en que “con esos recursos menguados” la enseñanza pública ha perdido desde 2012 alrededor de 33.000 docentes, a pesar de contar con unos 55.000 alumnos más, mientras que la enseñanza privada ha ganado 900 docentes con alrededor de 7.500 alumnos más.

“Estos datos ponen de manifiesto que se está procediendo a un proceso de derivación de alumnos desde la educación pública hasta la privada, aumentando la ratio de alumnos en los centros públicos. Esto demuestra que el Gobierno considera que la educación es un bien de mercado al que la gente accede en función de su renta económica”, denunció García Suárez.

Por último, CCOO consideró que el incremento del precio en los estudios universitarios y la disminución en el número de becas y su cuantía, así como el endurecimiento de los criterios para ser beneficiario de éstas, ha expulsado de las aulas de los campus públicos a más de 45.000 estudiantes durante los últimos años. Esta cifra, según el sindicato, podría crecer todavía más si, como ha sugerido el Ministerio de Educación, se sustituyen ayudas por préstamos personales.

“El sistema de solicitar un crédito para acceder a estudios universitarios, como propuso Montserrat Gomendio, es propio de un sistema clasista, ya que habrá gente que con 23 años tendrá una hipoteca de 60.000 euros”, concluyó García Suárez.