El objeto del real decreto es, según el Gobierno, “ajustar” la red de consejerías de finanzas españolas en el exterior al nuevo escenario económico mundial, y a las necesidades de información tributaria y financiera de la Hacienda Pública. El ahorro de las medidas propuestas se cifra en 53.781,59 euros.

La finalidad que se persigue es tener una red de consejerías vinculada con la distribución geográfica de la corriente comercial e inversora de las empresas españolas y con las necesidades de la Hacienda Pública, de tal forma que se aproveche en cada momento todo el potencial de estas unidades administrativas.

Así, se crean las Consejerías de Finanzas en las Misiones Diplomáticas Permanentes de España en Brasil y México dependientes orgánica y funcionalmente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya estructura orgánica se determinará, sin que ello pueda suponer incremento del gasto público.

Por su parte, se suprimen las Consejerías de Finanzas de las Misiones Diplomáticas de España en la República Federal de Alemania, en la República Italiana y en la República Portuguesa.

Se suprime también un puesto de Consejero de Finanzas de la Delegación Permanente de España ante la OCDE, que tiene también la consideración de Consejero de Finanzas de la Embajada de España en Francia.