Así lo señala Seara en una entrevista publicada en el número 134 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

En esta entrevista, la diputada del PSOE considera necesaria la articulación de una ley para impulsar la inserción laboral de las personas con discapacidad, una antigua reivindicación del sector.

En esta línea, Seara destaca que las cifras de empleo en el ámbito de la discapacidad son “absolutamente intolerables” y lamenta que el Gobierno “hablase de una serie de medidas que han quedado en nada”, como la contratación socialmente responsable, o el refuerzo, seguimiento y control de la reserva del 2% de puestos de trabajo en empresas con más de 50 trabajadores.

Así, afirma que en España hay más de 3.800.000 personas con discapacidad, de las que más de 2. 300.000 están en edad laboral. “Hay más de 600.000 personas con discapacidad en edad laboral que están inactivas y son personas perfectamente preparadas, dispuestas y con talento para trabajar”, asegura.

RECORTES PRESUPUESTARIOS

Aunque “el escenario es duro”, Seara considera que el Gobierno “debería haber intensificado los esfuerzos para avanzar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y, apostilla, “ha hecho todo lo contrario, apostando por los recortes presupuestarios y poniendo en peligro el modelo de inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión, pero especialmente el de las personas con discapacidad y de las personas con discapacidad intelectual”.

En su opinión, “estamos pasando por una de las etapas más duras, que afecta al paro; de manera particular a las personas con discapacidad; afecta a las familias; a la situación de pobreza severa; a la cronicidad de la pobreza; y a las peticiones de ayuda a los servicios sociales, que han aumentado más de un 70%”. “Hay cada día menos beneficiarios en el sistema de dependencia, cada 10 minutos se deja de atender a una persona que tenía derecho a beneficiarse de esta ley”, afirma.

“Se está incrementando la desigualdad en España, con la cifra más elevada de toda Europa. Este insoportable aumento del riesgo de pobreza y exclusión está afectando con especial virulencia a las personas con discapacidad”, asevera.

Seara argumenta que “los recortes han contribuido a empeorar todavía más la situación” y lamenta que durante toda la legislatura el Gobierno “haya venido hablando del Plan de Acción en materia de discapacidad y aún estamos esperando a que se actúe en este ámbito”.

Sobre los aspectos más afectados por la política de recortes, Seara asegura que la repercusión que ha tenido la Lomce en las personas con discapacidad es “tremenda” y critica “lo que está ocurriendo por ejemplo con el personal de apoyo en las escuelas, que ya no existe en la mayoría de las comunidades”.

MODELO DE SALUD MENTAL

Además, insiste en que los recortes están amenazando “brutalmente” el modelo de salud mental comunitario, que lleva vigente en España desde el año 86, y están comprometiendo el futuro de las personas con enfermedad mental. También se refiere en este punto a la reforma del Código Penal en la que está trabajando el Gobierno y que “vincula la enfermedad mental y la peligrosidad, una barbaridad desde todos los puntos de vista”.

Sobre la nueva Ley General de Discapacidad critica que se tramitase como decreto legislativo, sin pasar por las Cortes. “Insistieron mucho en el tema del empleo, utilizaron la retórica, pero al final nos hemos quedado en una mera refundición legislativa, es una gran mentira lo que han contado al sector de la discapacidad”, dice.

Finalmente, señala como una de las asignaturas pendientes el derecho a voto para las personas con discapacidad y asegura que es necesaria una modificación legislativa para eliminar el voto rogado, que fue un “error serio” porque “hay que dar cabida a que las personas con discapacidad intelectual puedan votar”. “Negar el voto a priori nos parece una barbaridad que hay que modificar en la legislación”, afirma.