El colectivo denunció, a través de un comunicado, que “resulta escandaloso que nos levantemos diariamente con el anuncio de nuevos casos de corrupción”.

“Los preocupantes casos detectados en los últimos años, personalizados en personas e instituciones que son pilares de nuestra sociedad, han tenido su última manifestación” en el ex presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, recordaron.

Los inspectores señalan que esta policía fiscal tendría una “doble condición”. En primer lugar, como policía administrativa darían apoyo a las actuaciones administrativas de investigación.

Además, como policía judicial llevarían a cabo la investigación penal de los delitos fiscales, de blanqueo de capitales, de contrabando, o de alzamiento de bienes, incluyendo también otros de índole económica como los de corrupción y urbanísticos.

Por otra parte, la organización apuesta por dar publicidad a las declaraciones de la renta de personas físicas y jurídicas que se presentan en España, realizando las modificaciones oportunas en la Ley de Protección de Datos, para regular el modo y condiciones de acceso.

Además, para salvaguardar el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución, la divulgación de dichos datos se referiría exclusivamente a los de índole numérica recogidos en la liquidación tributaria, para evitar la difusión de datos de contenido personal.

IHE aboga también por medidas de concienciación fiscal que pasan, por ejemplo, por campañas informativas que mostrarían las consecuencias concretas que se producen cuando el fraude es detectado, de manera que se produzca una incidencia directa en la propia cultura tributaria y un efecto de prevención general.