Ortega recordó que la extinción de dichos contratos ya ha sido declarada ilegal por la Audiencia Provincial de Madrid, ya que las familias siguen cumpliendo los requisitos por los que se les otorgaron dichas viviendas y que su duración, es prorrogable mientra los concesionarios mantienen las mismas condiciones, como es el caso.

Por tanto, no procede que la EMVS insista en cambiar los contratos vigentes limitando los derechos ya adquiridos, para favorecer la venta de los inmuebles a terceras empresas y llevando a juicio en acción de desahucio a los inquilinos que no aceptan estas nuevas condiciones.

Citando la sentencia de la Audiencia, UPyD ve "oscuras intenciones" en la EMVS porque "si bien comunica su intención de dar por terminado el contrato que les une, no duda en poner a disposición de la destinataria de la misiva la posibilidad de formalizar un nuevo contrato sobre la misma vivienda".

Por estos motivos, UPyD pedirá en el Pleno del Ayuntamiento que el equipo de Gobierno explique por qué se están llevando a cabo estas actuaciones "en clara vulneración del derecho a una vivienda digna que proclama la Constitución Española, sin tener en cuenta el carácter social y la función de gestión de vivienda pública para la que debe servir esta empresa municipal".