La Administración indica que para paliar el problema se establece, en la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, un plazo de dos años para los trabajadores autónomos, entre la primera diligencia de embargo y la realización material de la subasta.

Para el Defensor del Pueblo esa medida es positiva pero no suficiente. La situación afecta tanto a trabajadores autónomos como a trabajadores de otros regímenes de la Seguridad Social.

Las quejas recibidas constatan que las deudas son, en su mayoría, inferiores a 30.000 euros. Por esto, el inicio del procedimiento de venta forzosa de las viviendas habituales, cuando son el único bien susceptible de ejecución, no resulta proporcionado al fin perseguido.

La defensora del Pueblo considera que es posible establecer un régimen de especial protección del bien básico, la vivienda, y evitar situaciones de vulnerabilidad social. También dar la posibilidad de negociar los plazos para el pago de la deuda.

Ante el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre la posible ampliación de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias, que acaba el próximo mes de noviembre, la Defensora del Pueblo considera positiva esta medida a la vista de las quejas recibidas a lo largo de 2013 y 2014.