En un primer borrador con las líneas básicas de la norma que maneja el Ministerio de Defensa, al que ha tenido acceso Servimedia, el militar en activo sólo podrá participar, siempre que esté asociado, en el Consejo de Personal.

Dicho órgano, que contará con representación de las asociaciones, se establece como el “órgano de intermediciación entre la Administración y las asociaciones militares”.

Según dicho texto, el Consejo de Personal estará formado por las representantes de personal del Ministerio y de los Cuarteles Generales. Además, estará dividido en cuatro comisiones –una por cada Ejército y otra de los Cuerpos Comunes.

En el Consejo estarán representadas las asociaciones profesionales, cuya asignación de los representantes se realizará de forma que haya participantes de las 3 categorías militares –oficiales, suboficiales, tropa y marinería-.

Las asociaciones se limitará a “realizar propuestas a través del Consejo de Personal, participar por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de personal y recibir información de los órganos competentes del Ministerio de Defensa sobre régimen de personal y protección social”.

Por otra parte, el Observatorio de la Vida Militar estará formado por 7 miembros, según el borrador, elegidos por el Parlamento por cinco años. Su función será la de realizar análisis y estudios sobre la vida militar y recibir información general e individualizada de los asuntos relacionados con la vida militar y entorno familiar y social de los militares.

He aquí otro punto por el que el militar en activo no podrá participar en la decisión ya que el Observatorio estará compuesto por miembros destacados que, en el caso de tratarse de militares “deberán estar retirados o en situación de reserva”. También, podrá “incorporar a personas de prestigio del ámbito político que hayan ejercido cargos significativos”.

A ello se suma que, pese a que se les concede el derecho de asociacionismo, no el de sindicalismo y, por consiguiente, no el derecho a la huelga, a la negociación colectiva ni a la adopción de medidas de conflicto colectivo.

La propia ministra Carme Chacón ha llevado el mando de las reuniones de contacto con los grupos parlamentarios para recabar el apoyo necesario para sacar esta norma adelante.

Chacón, en la pasada Pascua Militar, anunció que condicionaba la creación de esta ley de derechos y deberes a que se consiguiera un "amplísimo consenso" entre las fuerzas políticas.

También destaca que el Ministerio de Defensa oirá por primera vez de manera formal a las asociaciones militares ya existentes, y que la futura ley reconocerá su derecho de mediación, su opinión sobre esta norma y las convocará para una reunión.