"Ante el anuncio de ministro de Economía, Luis de Guindos, de la intención del Gobierno de prorrogar la moratoria antidesahucios por préstamos hipotecarios de dos años aprobada en 2012, que expira en los próximos meses, el Cermi exige que no se limite solo a los ya contemplados, sino que se extienda a los que traen causa de contratos de arrendamiento de viviendas", afirmó en una nota el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad.

"En estos años de aplicación de la legislación antidesahucios se ha evidenciado que no todas las situaciones de extrema necesidad social estaban amparadas por esta normativa, y que muchos casos sangrantes de lanzamientos de personas vulnerables seguían produciéndose por derivar su desahucio de un contrato de alquiler y no de una hipoteca", agregó el Cermi.

A juicio del Cermi, no hay justificación para este trato desigual en función del origen desencadenante del desahucio, "pues el daño social es el mismo en ambos casos, y merece idéntica protección".