La medida amplía la legislación estatal en la materia, al favorecer la dimensión social de la contratación pública, estableciendo una reserva obligatoria de un 6% a favor de empresas de iniciativa social dirigidas a grupos vulnerables. La legislación estatal permite a cada órgano contratante realizar estas reservas, pero no lo impone como obligatorio.

El Cermi pide al resto de Comunidades Autónomas que se doten de una legislación similar a la navarra y que reserven por ley un mínimo de contratos a favor de centros especiales de empleo, que son aquellas empresas que tienen en sus plantillas al menos a un 70% de trabajadores con discapacidad.

En opinión del Cermi, “un momento de grave crisis económica, con efectos letales para el empleo de los grupos sociales en riesgo de exclusión, medidas como la adoptada por la Comunidad de Navarra pueden contribuir al mantenimiento del empleo y de las empresas que ofrecen trabajo a personas con discapacidad”.