En un comunicado, la organización tachó de “xenófoba” y de ilegal la decisión anunciada por el ayuntamiento barcelonés, y apuntó que la medida “viola compromisos internacionales recogidos en diversos tratados internacionales ratificados por España”.

En la legislación no hay ninguna mención a la situación administrativa de los extranjeros y por tanto nada que apoye una medida como la presentada por este ayuntamiento, señaló.

Además, Amnistía se felicita por las declaraciones de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial y de algunos miembros del Gobierno, como el presidente, la vicepresidenta y el ministro de justicia, que señalaron que esta medida es contraria a la ley.

En la nota se recuerda también a las autoridades que “la lucha contra el racismo y la xenofobia sigue siendo una asignatura pendiente en España, uno de los cinco Estados europeos que todavía no ha adoptado medidas efectivas para documentar los incidentes de índole racista o xenófobo a manos de particulares o agentes del Estado ni ofrece datos periódicos sobre estos fenómenos”.