En un comunicado, AI recordó que “las expulsiones sumarias y colectivas, como las que se están produciendo en Melilla, están prohibidas por tratados internacionales” firmados por España.

Entre ellos, citó el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las devoluciones en caliente.

Asimismo, AI criticó que España incumple su propia Ley de Extranjería “al privar a las personas migrantes de un proceso con garantías, que permita identificar de manera individualizada si necesitan protección internacional”.

En los últimos días han llegado a España centenares de personas procedentes de países en conflicto, con inestabilidad política y donde se producen graves violaciones de derechos humanos, como República Centroafricana, Sudán del Sur, Chad, República Democráctica del Congo, Mali, Camerún o Nigeria.

Algunas de ellas podrían “necesitar protección internacional” y serían susceptibles de solicitarla, prosiguió la organización, pero no están recibiendo la información adecuada para ello como marca la ley, según denunció.

Además, indica que aunque sí se les presta asistencia humanitaria, no cuentan con traductores ni asesoramiento legal desde el primer momento que les explique cuál es su situación; no existen mecanismos adecuados para identificar a solicitantes de asilo, y tampoco se ha facilitado el acceso de organizaciones especializadas a las instalaciones.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, lamentó que “las autoridades sigan primando la protección de las fronteras por encima de la protección de las personas”, y rechazó el argumento de que el espacio entre la doble valla no es territorio español con el que el gobierno justifica la no aplicación de la ley española.