En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno valenciano, Blasco destacó que la postura del Consell es "inequívoca", al tiempo que aseguró que "estamos delante de una iniciativa que vulnera la legalidad vigente en España".

Por ello, dijo, "no se debe consentir desde ninguna institución".

Desde el punto de vista moral y ético, aseguró Blasco, "es una actitud absolutumante reprobable".

La actitud del Gobierno de la Generalitat valenciana, aseveró, "va a ser muy firme". "Vamos a defender la legalidad sobre esta cuestión y defender un compromiso ético que hace absolutamente reprobable cualquier conducta encaminada a impedir el empadronamiento de las personas inmigrantes", afirmó.

"Este problema" deriva, en su opinión, "de la política errática del presidente Zapatero", ya que "existe una contradicción, que el Gobierno no ha sabido resolver, entre lo que dice la Ley de Extranjería, elaborada por el Gobierno sin el consenso y rigor necesario, y la Ley de Bases del Régimen Local, que dice lo contrario".

Blasco explicó que la inmigración es competencia exclusiva del Gobierno de España, pero, subrayó, "las consecuencias negativas las pagamos las comunidades y concretamente algunos municipios".

"En España se puede estar sin papeles pero no sin derechos y ninguna institución democrática puede mirar hacia otro lado", puntualizó.

Preguntado por el hipotético caso de que algún municipio valenciano ejecutara una medida similar, Blasco destacó que el Consell no tiene capacidad legal, pero, señaló, "tendremos la autoridad moral para denunciar estos hechos".