El objetivo es que este marco dote a España de un escenario actualizado para la activación de este grupo social. La adopción de una nueva ley general de empleo de personas con discapacidad es un mandato de la reforma laboral aprobada en 2012, que emplazaba al Gobierno a presentar en las Cortes un proyecto de ley en esta materia en el período de un año.

Una vez transcurrido este plazo sin que se haya llevado a efecto el mandato legal, el Cermi ha reclamado al Ministerio que dirige Fátima Báñez "la constitución urgente de un grupo de trabajo entre la Administración General del Estado y el movimiento social de la discapacidad para preparar un borrador de iniciativa con la que comenzar el proceso legislativo".

“Las personas con discapacidad necesitan un nuevo marco legal para su inclusión laboral que conserve lo positivo del modelo vigente, que data de hace más de tres décadas”, señala el Cermi en un comunicado, al tiempo que afirma que la nueva ley debe también permitir el acceso al bien básico del empleo de un grupo social “que tiene en la inactividad su principal escollo”.