El colectivo de jueces destacó a través de un comunicado que la normativa afectará negativamente a la integración de los inmigrantes, ya que “limitará su acceso a los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la atención social”.

JpD afirma que la normativa de Vic dificultará la posible regularización de los inmigrantes, “dada la trascendencia que el empadronamiento tiene en orden a acreditar arraigo y ponderar la suspensión cautelar de las órdenes de expulsión”.