Los dos principales detenidos en la red de estafas simulaban causar daños en los vehículos, falsificaban la documentación requerida y ofrecían todos los servicios necesarios para reclamar las correspondientes compensaciones al seguro que podían ascender hasta los 50.000 euros en concepto de indemnizaciones, gastos o reparaciones de vehículos.

La operación, en la que han colaborado agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de la Región de Murcia, comenzó a principios de año después de que los agentes detectaran un “notable incremento” de las reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico.

Con la documentación intervenida y otros datos obtenidos en las investigaciones, la Policía considera que esta red podría ser responsable de al menos 400 reclamaciones fraudulentas de siniestros.

Los agentes comprobaron que gran parte de las solicitudes presentadas simulaban accidentes de tráfico que “en ningún caso habían tenido lugar” con el objetivo de cobrar las prestaciones contratadas, tanto por las lesiones sufridas como las derivadas de los daños ocasionados en los vehículos.

A los detenidos se les atribuyen los delitos de falsedad documental y estafa. Los dos principales investigados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número Cinco de Molina de Segura y el resto quedó en libertad a disposición de la autoridad judicial.

MODUS OPERANDI

Los dos cabecillas se encargaban de localizar a los interesados, les facilitaban la documentación falsa necesaria derivada de supuestas atenciones médicas recibidas y de tramitar la obtención de las indemnizaciones. Para provocar los desperfectos en los coches, se reunían en lugares discretos, sin cámaras de seguridad ni testigos y utilizaban vehículos ya dañados o muy viejos.

A cambio de estos “servicios”, los cabecillas pactaban el reparto del 50% de las indemnizaciones percibidas. Los propios responsables y su entorno familiar habían declarado numerosos accidentes, por los que habían cobrado ya “cuantiosas indemnizaciones”.

Para evitar ser investigados, cambiaban con frecuencia las compañías aseguradoras de los vehículos usados en los falsos siniestros. En otras ocasiones utilizaban coches de alquiler con seguros a todo riesgo o pagaban pequeñas cantidades a otras personas con carné de conducir para que declararan ser los conductores.