ERC afirma que el Supremo “judicializa la vía política” al prohibir campañas institucionales que promuevan el voto
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) afirmó hoy que la decisión del Tribunal Supremo de impedir a instituciones públicas como la Generalitat la realización de campañas oficiales que animen a votar en consultas institucionales supone una “judicialización de la vía política”.
En declaraciones a Servimedia, el diputado de ERC en el Congreso Alfred Bosch afirmó que esta sentencia “es como decir que las administraciones no pueden estimular la democracia” y argumentó que esto “nos llevará a que sólo puedan votar y convocar a los votos ciertos jueces”.
Este dirigente de Esquerra calificó de “muy rigurosa” la sentencia del Supremo e insistió en que el Estatuto de Cataluña permite realizar campañas promoviendo el voto y la ley española no las prohíbe, “simplemente no las menciona”, explicó Bosch.
Desde ERC interpretan la sentencia como parte de una “campaña judicial en contra de las urnas”, que no refuerza la democracia “sino que la cercena”. En este sentido, Bosch afirmó que da la sensación de que la campaña contra la consulta soberanista del 9 de noviembre “se va animando”.
Asimismo, el diputado afirmó que resulta “significativo” que se haga pública la sentencia “justo ahora”, a tres meses de la consulta soberanista, ya que lleva pendiente casi dos años y “podría haber salido mucho antes o después del 9 de noviembre”.
DECISIÓN “CONTRADICTORIA”
La formación catalana considera “contradictorio” que no permitan a la Generalitat fomentar la participación en unas elecciones cuando es ésta quien las convoca. “Si tú convocas a la gente y no la puedes animar a votar, es una paradoja”, insistió Bosch.
No obstante, el diputado afirmó que no cree que esta sentencia “sea determinante” en Cataluña, sino que será “parte de un paquete para hostigar a los votantes”. En este sentido, señaló que se verá “como una acción más”. Bosch insistió en que se trata de una medida judicial “poco democrática”.
En referencia a la consulta del 9 de noviembre, concluyó que “no es lógico ni razonable” que la población de Cataluña no pueda votar “su futuro colectivo” ni que las administraciones públicas puedan instar al voto.
(SERVIMEDIA)
04 Ago 2014
CLG/caa