Según Hernando, el hecho de que tal decisión se haya adoptado en un consistorio gobernado por CiU con el apoyo de PSC y Esquerra Republicana no casa bien con la actitud de los dos primeros partidos, que en su momento tumbaron las enmiendas del Partido Popular para endurecer la política migratoria.

Por ello instó al gobierno a modificar la “legislación Caldera, que mediante el arraigo automático favorece la llegada de inmigración masiva”, y rechazó medidas como la adoptada en el ayuntamiento de Vic, que calificó de ilegal.

Si finalmente ésta se llevase a cabo, “el propio gobierno a través de la abogacía del Estado debería pedir la revocación de esa decisión de pleno”, declaró, y añadió que “es la peor elección que puede tomar un ayuntamiento”, ya que sólo propiciará que los inmigrantes se trasladen de un municipio a otro”.

“Lo que sí puede hacer un municipio es pedir al Estado que dentro de sus competencias proceda a la devolución de quienes se hallan de forma ilegal”, prosiguió.

De todos modos, Hernando advirtió que se trata de la punta del iceberg de una situación que se va a repetir en otros municipios debido a la falta de financiación de los propios ayuntamientos por la caída de ingresos, “lo que conlleva menor disponibilidad de prestaciones sociales”.