En rueda de prensa tras la reunión mantenida junto al presidente del Gobierno con los líderes de las organizaciones sindicales y empresariales, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explicó que el Ejecutivo ha acordado con los agentes sociales este documento en el que se recoge un reforzamiento de la protección de las familias "con las necesidades más urgentes".

En concreto, el texto del acuerdo apunta que Gobierno, sindicatos y patronales pactan "avanzar en mecanismos coyunturales de protección". "En particular, nos comprometemos a ampliar en el mes de octubre los mecanismos de protección ligados a políticas de empleo a los parados de larga duración", señala el documento.

De esta forma, la propuesta que recoge el acuerdo estaría en línea con el actual Plan Prepara, que ofrece ayudas económicas a los parados pero ligadas a la participación en acciones formativas.

De hecho, el acuerdo añade que los beneficiarios de estas nuevas prestaciones "deberán acreditar de forma regular su búsqueda activa de empleo, así como participar en cualesquiera acciones de inserción propuestas por los servicios de empleo".

Según Báñez, el Ejecutivo es consciente de que "hay familias que no tienen ningún miembro trabajando y tenemos que acompañarlos al empleo". Agregó que "puede haber personas que no reciben ninguna protección", por lo que el Ejecutivo se ha comprometido también a hacer un "mapa de las prestaciones públicas", tanto a nivel estatal como autonómico, "para ver el universo de personas que de verdad necesitan estas ayudas".

No obstante, mientras se avanza en este mapa, insistió en que "en octubre podremos atender las necesidades más urgentes para que nadie se quede fuera de la atención de la Administración Pública".

El Gobierno se compromete también a revisar el actual modelo de rentas mínimas de inserción o rentas básicas, con el objetivo de "garantizar su cobertura a todas las personas que se encuentran en una situación merecedora de protección y mejorar su empleabilidad".

Para ello, se constituirá una mesa de negociación con la participación de los agentes sociales que abordará esta cuestión en un plazo máximo de seis meses.

El acuerdo alcanzado con los agentes sociales incluye otras propuestas para desarrollar un "ambicioso calendario de negociaciones", que incluyen ámbitos muy diversos, como la Unión Europea, un plan de empleo e impulso de la activación, o la reforma del sistema de formación, que según Báñez "está prácticamente hecha".