Gallardón explicó que, de acuerdo con la normativa vigente, el padrón sólo exige a los extranjeros, como único requisito adicional a la acreditación de la residencia, que la documentación identificativa (pasaporte o tarjeta de residencia) esté en vigor en el momento de solicitar el empadronamiento.

"Por lo tanto, desde un punto de vista legal, nosotros pensamos que la pretensión del Ayuntamiento de Vic de denegar el empadronamiento a sus ciudadanos extranjeros que están ilegalmente en España porque no dispongan de un visado en vigor es hoy por hoy ilegal".

Por ello, a juicio de Galllardón, cualquier ciudadano que recurra la decisión de negación de empadronamiento en estos términos, "tendrá el amparo de los tribunales y el Ayuntamiento (de Vic) se verá obligado a realizar el empadronamiento dando la razón al demandante. Ese es el criterio que tiene el Ayuntamiento de Madrid en relación con este asunto".

EMPADRONAMIENTOS FICTICIOS

Otra cosa distinta es, a su juicio, los empadronamientos ficticios que hay en algunos domicilios. Por ello, dijo que, a efectos de empadronamiento, hay que establecer no sólo un domicilio, sino también unas condiciones de habitabilidad real para evitar estos empadronamientos.

Indicó que eso es algo que no se puede hacer desde la normativa municipal, por lo que dijo que el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno central que establezca unos baremos para toda España, superados los cuáles se pueda considerar que un empadronamiento no es real.

A su juicio, en función del número de metros cuadrados que tiene un domicilio, hay un límite de capacidad para albergar a las personas. Por ello, cree que debe haber un criterio establecido a nivel estatal "a partir del cual los ayuntamientos no estemos obligados a realizar empadronamientos que físicamente sabemos que no pueden responder a la realidad por el número de personas que están domiciliados en determinados pisos".