Moragues firmó hoy en Madrid la venta de dicha finca con la subdirectora general de Patrimonio del Estado, María Cristina Ysasi-Ysasmendi, quien le entregó un cheque de diez millones de euros que la comunidad autónoma incorporará a las arcas públicas.

La consejería balear de Medio Ambiente continuará gestionando la totalidad de la finca aunque la titularidad será compartida.

El Estado será titular de 427 hectáreas de la finca (un 96%), mientras que el Gobierno balear lo será de las 18 restantes, que incluyen las casas que ocupan 1.400 metros cuadrados.

La finca albergará un centro de interpretación y actividades de interés natural, se realizarán intinerarios sobre el valor medioambiental y paisajístico de la zona para el público en general y para las escuelas y, en caso de tener interés científico, también se ofrecerá a la comunidad científica.