En un comunicado, la asociación de jueces se manifestó en contra de las condenas de prisión a sindicalistas, alegando que “debe valorarse necesariamente que nos encontramos ante casos de personas sin antecedentes penales y con evidente falta de peligrosidad”.

JpD reclamó la supresión del artículo 315-3 del Código Penal, puesto que el derecho a no hacer huelga ya está “suficientemente protegido” a través del delito o falta de coacciones, “sin que resulte necesario este tipo penal específico”.

En este sentido, la asociación de jueces recordó que este precepto “tiene su origen en ordenamiento penal franquista, cuyo redactado se mantiene casi intacto”, y que en el régimen anterior tenía como finalidad reprimir huelgas. “No tiene sentido mantener una figura que ahora se desarrolla en el contexto de un derecho fundamental, como la huelga”, indicó JpD.

Asimismo, resaltó que resulta significativo que nos encontremos en un “contexto de fuerte conflictividad social”, en gran parte debido a “una reforma laboral que ha propiciado un enorme retroceso de la libertad sindical”. Por ello, considera que no puede sorprender que se haya producido un incremento de los conflictos laborales y de las huelgas.

Por último, esta asociación insistió en que es “un síntoma de degradación democrática que la respuesta del Estado ante esta situación se centre en la represión penal”, refiriéndose al hecho de que 260 sindicalistas estén siendo objeto de procedimientos sancionadores administrativos y penales y se esté produciendo su ingreso en prisión.