El informe critica que los operadores están sujetos a numerosas cargas e impuestos tanto a nivel nacional como regional y local, a los que se suman las previstas en el marco comunitario.

En concreto, la Comisión Europea critica la tasa para financiar RTVE y los impuestos municipales. Además, denuncia que a estas cargas se suman otras “adicionales” a nivel autonómico y local que, o bien ya están en vigor o está previsto que lo hagan próximamente, con “diferentes objetivos”, ya sean ecológicos o para financiar servicios audiovisuales autonómicos.

Según Bruselas, esta elevada presión fiscal “obstruye las inversiones y la competitividad del sector” en España.