En su sentencia, la Corte declaró que el uso de la fuerza por parte de la policía fue “desproporcionado”, que los denunciantes recibieron “un trato inhumano y degradante” y que las autoridades búlgaras “no llevaron a cabo una investigación exhaustiva y efectiva para determinar las causas del maltrato”.

Este caso fue presentado ante la justicia comunitaria por el European Roma Rights Centre y por el abogado búlgaro Alexander Kashumov, en nombre de la Fundación Romani Baht.

A cada afectado le han correspondido 3.000 euros en concepto de daños no pecuniarios y 4.500 euros por gastos y costas, explica Unión Romaní.

Según los denunciantes, los policías dispararon a los tres ciudadanos gitanos durante el arresto; los golpearon duramente; colocaron a dos de ellos en el maletero del coche, y fueron insultados en comisaría a causa de su origen gitano.