El Supremo rechaza esta petición con el argumento de que los despidos "tienen como objetivo minimizar las cargas de los contribuyentes europeos", porque el importe de la financiación recibida constituye una deuda de la entidad empleadora con su único accionista, que es el FROB.

El despido colectivo de la entidad se presentó tras alcanzarse acuerdo con la representación mayoritaria de los trabajadores (81,52%) y se solicitó en el marco del rescate bancario solicitado a la UE en marzo de 2012.

En el acuerdo alcanzado con la representación laboral mayoritaria se contemplaban, entre otros acuerdos, bajas incentivadas y despidos con posibilidad de adscripción voluntaria en los treinta días siguientes a la firma de dicho acuerdo y en los quince primeros de 2014 y 2015, estableciéndose 30 días de indemnización por año de servicio con límite de 22 mensualidades, más una prima de acogimiento según escala en función de antigüedad.

Los sindicatos disconformes con el acuerdo presentaron demanda contra este despido, que fue desestimada por la Audiencia Nacional, contra cuya sentencia se interpuso recurso de casación, que el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo ha acordado desestimar.