“Hacemos una ley en un momento muy complicado desde el punto de vista normativo porque recientemente el Gobierno aprobó una modificación de la Ley de Régimen Local donde se establece que los servicios sociales comunitarios dejarán de ser competencia de los ayuntamientos”, explicó Sánchez Rubio en una entrevista concedida a Servimedia.

Ante esta situación, Andalucía pretende hacer prevalecer su Estatuto de Autonomía, donde se establece que los servicios sociales son competencia de las corporaciones locales.

“¿Vamos a ser insumisos a la Ley de Régimen Local? No. Nosotros tenemos un Estatuto de Autonomía donde se establece que los servicios sociales son competencia de las corporaciones locales y tenemos una Ley de Autonomía Local que también lo dice. El Estatuto de Autonomía es una ley orgánica. Por eso, hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Régimen Local, porque invade competencias de nuestro estatuto. No entendemos los servicios sociales si no los hacemos en colaboración con los servicios sociales”, sostuvo.

Del mismo modo, Sánchez Rubio entiende que desde Madrid o desde Sevilla “no se puede llegar a todos y cada uno de los rincones de este país”, sino que se debe llegar “desde la red de servicios sociales comunitarios que tenemos”.

Por esa razón, espera que el Gobierno no recurra esta legislación ante el Tribunal Constitucional, puesto que “garantiza la universalidad del sistema de servicios sociales, define cómo ha de establecerse la relación entre lo público y lo privado en la prestación de este tipo de servicios, introduce la posibilidad de tener una cartilla única desde el punto de vista sociosanitario, define las prestaciones básicas, así como el papel que deben jugar los profesionales”.

LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL

Del mismo modo, recordó que hace un mes la Junta de Andalucía aprobó una Ley de Inclusión Social, dotada de 158 millones de euros (64 para las políticas contempladas en la ley y 90,6 millones para la renta de inserción), que se fundamenta sobre dos ejes.

El primero de ellos dirigido a la inclusión por el empleo, fomentando la contratación de 25.000 personas con la colaboración de los ayuntamientos, lo que supone "la dignificación de la persona a través del trabajo, garantizándole la cotización a la Seguridad Social".

El segundo de los ejes se basa en la solidaridad alimenticia, que incluye garantizar tres comidas a los niños en edad escolar, beneficiándose actualmente 20.000 menores.

“Hemos comprobado que muchos niños no comen más que aquello que se les da en la escuela. Por ello, hay que ayudar, desde la dignidad, a las personas que se encuentran en esa situación, porque eso es una responsabilidad pública”, defendió.

Al mismo tiempo, la ley contempla una serie de medidas de urgencia, dotadas de 6,5 millones de euros, para que los ayuntamientos ayuden a pagar las facturas de la luz y del agua a quienes acrediten no poder pagarlas.

“Mucha de la gente que se encuentra en esta situación es de clase media, que se encuentra desorientada porque no sabe adónde tiene que acudir, que le da vergüenza. Por eso, hay que contemplar la solución a este tipo de situaciones”, declaró.