Así de tajante se mostró este miércoles en rueda de prensa el presidente del Instituto de la Ingeniería de España, Manuel Moreu, quien exigió la equiparación inmediata de todos los ingenieros, arquitectos y licenciados PreBolonia al nivel de máster.

Moreu señaló que “sólo en ingeniería civil podemos perder 10.000 millones de euros”, a los que hay que agregar “los miles de ingenieros que en el extranjero no son contratados por carecer de la titulación necesaria".

A su juicio, esta situación “perjudica el prestigio de la ingeniería española” y “lastra la recuperación económica”.

De ahí su exigencia al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, para que reconozca la equivalencia de forma inmediata y adapte los títulos españoles al Marco Europeo de Cualificaciones, pendiente desde 2008.

“Más de 200.000 ingenieros y arquitectos y unos 15.000 altos funcionarios del Estado padecen esta situación”, agregó.

Así lo corroboró la presidenta de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), Helena Vicente, quien aseguró que el real decreto que prepara el ministerio “no es ninguna solución” porque propone “un procedimiento muy largo y tedioso” en el que se plantea que la equivalencia de cada título con el Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (Meces) se realice mediante órdenes ministeriales, “una a una”, y se deja para una segunda norma la equiparación con Europa.

“Ello puede llevar 10 meses sólo para empezar” y, además, supone “un batiburrillo en el que las carreras técnicas y diplomaturas se homologarían de forma inmediata a los grados”.

También “está generando problemas en la convocatoria de oposiciones a los cuerpos superiores de la administración”, agregó Vicente.

LA EXCEPCIÓN ESPAÑOLA

Para el presidente de La Asociación de Ingenieros Profesionales de España (AIPE), Jesús Rodríguez-Cortezo, todo esto se debe a que España es el único país del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que no ha reconocido las equivalencias con el marco común, algo que tendría que haberse hecho en 2008.

Rodríguez-Cortezo subrayó que, "más allá de la falta de voluntad política, esto sólo se explica por el poco respeto al conocimiento estructurado que tiene la sociedad española y sus gobiernos son fruto de este desinterés”, con lo que “hasta que los problemas no se vuelven acuciantes no sienten la necesidad de abordarlos”.

Vicente apuntó, además, que esta falta de claridad en las equivalencias, que sólo existe en España, tiene repercusiones en la futura Ley de Servicios Profesionales. "Con este anteproyecto se pretende que todos vamos a servir para todo, pues lo más importante es la experiencia y no el conocimiento adquirido”, añadió.

La norma importa “y mucho” de cara al ejercicio de actividades profesionales reguladas”, prosiguió Vicente, aunque comentó que para este Gobierno, al igual que para el anterior, "esto no parece prioritario”.

En el acto intervino también diego Álvarez, estudiante de Ingeniería, quien recalcó que “como lo que no está reconocido no existe”, cualquier titulado español que salga fuera “puede encontrarse con que sus estudios no tienen validez”.

“Esto no afecta solo a los mayores, sino a los que estamos terminando los planes de estudio antiguos y también a los que actualmente cursan grados”, afirmó.

En su opinión, “la noticia es que no hay noticia” tras muchos años de espera, en una dejación que resulta incomprensible.

Debido a esta falta de homologación con Europa, en la actualidad España no tiene ningún titulado en los máximos niveles (7 u 8), apuntó Rodríguez-Cortezo.

“Yo sé que esto no es verdad y que tenemos profesionales de excelencia, pero no siempre es fácil explicarlo fuera”, concluyó.