El diputado de UPyD Ramón Marcos dijo que el proyecto del Gobierno regional “no aborda problemas como las duplicidades, la fusión de municipios, la profesionalización de la Administración o la lucha contra la corrupción”.

Además, añadió, no ayuda a solucionar ninguno de los problemas que no ha resuelto la ley estatal y "no afronta el problema de las duplicidades y no recoge la fusión de municipios, a pesar de que es competencia autonómica”.

“El citado proyecto no usa los instrumentos que tiene la Comunidad a su disposición para profesionalizar la Administración local y evitar sus duplicidades internas y no mejora la lucha contra la corrupción”, manifestó.

El diputado de IU Antero Ruiz defendió su enmienda a la totalidad a este proyecto “inviable e inconstitucional, al carecer de memoria económica y ser un foco de conflictividad permanente”.

Dijo que el texto “impone el control de una administración superior sobre las entidades locales menores, consorcios y mancomunidades que pasarán a carecer de criterio, capacidad de decisión y organización propia en servicios fundamentales como la limpieza, agua o residuos”.

Añadió que “ni racionaliza ni sostiene nada, lo único que quiere es vaciar de contenido a las corporaciones locales, a las que se quiere convertir en meras oficinas administrativas, y además con este texto tampoco se atiende a las necesidades reales de los municipios españoles”.

Denunció que el citado proyecto carece de memoria económica y dijo que con esta reforma se recortará el empleo público y se dejará a más de 30.000 trabajadores sin empleo.

Por su parte, el diputado socialista José Luis García Sánchez pidió al Gobierno regional que retire este proyecto de ley porque “lo que no compartimos en absoluto es esa ley de la reforma de la Administración Local del Gobierno de Rajoy”.

Dijo que la nueva ley supone un “paso atrás de 35 años, al destrozar la vida municipal y la autonomía local garantizada por la Constitución y la Carta Europea de Autonomía Local”.

García Sánchez, que también es alcalde de San Martín de Valdeiglesias, afirmó que esta ley “vacía de competencias a los ayuntamientos, eliminando la mayoría de los servicios públicos que ahora prestan las corporaciones locales, que son los que precisamente tienen la mayor cercanía con el ciudadano”.

“Esta ley significa no solamente un recorte en democracia, sino además un salto atrás de 35 años, ya que lesiona la garantía constitucional de autonomía local, va en contra de los intereses municipales y sobre todo en perjuicio de los ciudadanos, al quitar competencias a los ayuntamientos, sobre todo a los de menos de 20.000 habitantes”.

El proyecto fue defendido por el consejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria, quien aseguró que “gracias a esta norma se mantienen convenios con los 179 municipios de la Comunidad en educación, sanidad y violencia de género”.

Indicó que los objetivos prioritarios de esta ley son “establecer las pautas en la Comunidad de Madrid para adaptar la legislación estatal y poder seguir prestando a los madrileños los mismos servicios públicos en materia de educación, sanidad, violencia de género o de la Agencia Antidroga, entre otros, y garantizar la normalidad administrativa en el proceso de traspaso de competencias”.

Asimismo, apuntó que con esta ley regional se garantiza, entre otros, que sigan existiendo las mancomunidades que si no desaparecerían, o que los 308 centros escolares que tienen convenio con la Comunidad de Madrid inicien el curso con normalidad el próximo mes de septiembre.

Finalmente, afirmó que en materia de escuelas infantiles la Comunidad mantiene 148 convenios con ayuntamientos a los que destina más de 30 millones de euros.