Esta entidad denunció hoy la precaria situación en la que a su juicio se encuentran los niños madrileños y aseguró que “la Educación Infantil se está convirtiendo en un mercado en el que priman más los intereses económicos que los derechos de los niños”.

Responsables de esta organización afirmaron también que la gestión de las guarderías públicas está pasando a empresas con ánimo de lucro, que no dan importancia a la calidad educativa ni a los derechos de los profesionales.

Según la responsable de la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 0-6, Carmen Ferrero, “la Comunidad de Madrid invierte 34 millones de euros del presupuesto público en financiar las guarderías privadas y en el llamado 'cheque guardería', ayuda que no sirve para las familias que inscriben a sus hijos en escuelas infantiles públicas”.

Ferrero aseguró además que con los impuestos de los madrileños se han construido 320 aulas públicas, de las que 90 son de gestión directa de la Comunidad de Madrid, mientras que el resto, un 70%, están en manos de empresas de servicios con ánimo de lucro. “De esta manera se están cargando el modelo educativo”, recalcó.

DESIGUALDAD

Por su parte, la presidenta de la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles Gestión Indirecta (Ameigi), Blanca Azanza, aseguró que la consejera de Educación, Lucía Figar, se está beneficiando de uno de estos 'cheques guardería' y "quiere dar un zarpazo a la red pública de escuelas infantiles”.

Azanza denunció que 20.000 menores que se encontraban en lista de espera están en sus casas con sus abuelos, padres o cuidadores y no están recibiendo la educación que necesitan, puesto que los padres esperan a que cumplan tres años para inscribirlos en los colegios.

“Con este tipo de medidas se está favoreciendo la desigualdad y los privilegios entre las familias con más recursos económicos y se están mermando los derechos de los niños que pertenecen a familias más desfavorecidas”, denunció la representante de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Isabel Galvin.

Según el responsable de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos, Camilo Jener, “tenemos la sospecha de que el 'cheque guardería' es un experimento que se está probando para implantarlo en el resto de etapas educativas”. Y destacó: “El Gobierno madrileño nos está obligando a inscribir a nuestros hijos en guarderías privadas, destruyendo así el sector público”.

Los componentes de la Mesa de Agentes Sociales por la Educación Infantil aseguran que esta situación es también responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid y de su alcaldesa, Ana Botella, que se comprometió a que las cooperativas y empresas sociales volverían a gestionar las guarderías públicas y no lo ha cumplido.

Además, aseguran que harán todo lo que esté en su mano para recuperar la gestión de las escuelas infantiles públicas y conseguir que la educación no sea un privilegio, sino un derecho para todos los niños.