La iniciativa, que deberá ser debatida y votada en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, insta al Gobierno a obligar a las entidades que “tengan contacto” con los vehículos, como talleres, concesionarios, policías y guardias civiles y centros de ITV, a informar de las lecturas del cuentakilómetros a la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, CiU propone que se establezca un sistema de intercambio de información de kilometraje entre países y que se modifique la normativa de la UE de homologación de vehículos para exigir a los fabricantes que pongan medios para impedir la manipulación del cuentakilómetros.

Jané ha registrado esta proposición no de ley después de que un estudio reciente del RACC concluyera que entre el 5 y el 12% de los coches de segunda mano que se venden en España tienen el cuentakilómetros manipulado, porcentaje que asciende al 30% en el caso de los coches de ocasión importados de otros países, y que este fraude se cifra entre los 154 y los 343 millones de euros al año en España y en unos 10.000 millones en Europa.

El diputado de CiU explica que, con esta operación de manipulación, se puede conseguir un aumento del precio del vehículo de ocasión, cuyo valor depende de la antigüedad y kilometraje, pero se pone en riesgo la seguridad del comprador, a quien se hace creer que adquiere un vehículo menos rodado.

Desde el punto de vista legislativo, explica Jané, la manipulación del cuentakilómetros sólo se considera delito cuando se comete una estafa, lo que puede suponer penas de prisión entre seis meses y tres años si la cantidad defraudada excede de los 400 euros.

“Desde el 1 de enero de 2014 es obligatorio que en las ITV registren los kilómetros del vehículo y los comuniquen a la DGT. Históricamente, la DGT solo dispone del kilometraje del 50% de los vehículos en el Registro de Vehículos. Estamos ante una actividad fraudulenta en términos económicos, de seguridad vial y medioambiental. Los vehículos de ocasión se venden entre Estados miembros de la UE y esto dificulta su seguimiento, lo que favorece este tipo de fraude. Es necesario aplicar medidas que corten de raíz este problema y, mientras tanto, aumentar los mecanismos de control de los kilometrajes”, concluye.