Así consta en el informe que el organismo regulador ha publicado este martes, en el que alude a estos “riesgos” relacionados con la integración de la CNMC en el Observatorio de la Cadena Alimentaria y la Agencia de Información y Control Alimentarios, la voluntariedad en la adhesión al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria (Cbpmca), y el Acceso a la Red de Laboratorios Agroalimentarios.

La principal finalidad de este proyecto de real decreto es desarrollar reglamentariamente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, para mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria.

La CNMC aboga por que su incorporación tanto al Observatorio de la Cadena Alimentaria como a la Agencia de Información y Control alimentarios sea voluntaria y como observador, ya que permitiría “salvaguardar su independencia y la aplicación eficaz de la normativa de defensa de la competencia”.

Respecto a la voluntariedad de la adhesión al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, el proyecto de real decreto señala que en las ayudas y subvenciones del Ministerio de Agricultura dará prioridad a aquellos solicitantes adheridos a dicho código.

No obstante, la CNMC pone de manifiesto que la preferencia en la concesión de ayudas a los firmantes del código puede suponer introducir “disfunciones” en la persecución de los fallos de mercado a los que “supuesta y preferentemente” se orientan las subvenciones públicas. Además, considera que en la práctica “menoscaba” el carácter voluntario de dicha vinculación al código.

En cuanto al acceso a la Red de Laboratorios Agroalimentarios, el organismo presidido por José María Marín Quemada recomienda que el proyecto de real decreto establezca que la designación de dichos laboratorios por las autoridades competentes de las administraciones públicas y de los laboratorios agroalimentarios del Ministerio se lleve a cabo de forma “transparente, objetivo y no discriminatoria”.

En cualquier caso, recuerda la CNMC, el texto del proyecto de real decreto desarrolla reglamentariamente cuestiones “que ya fueron objeto de valoración”, y sobre las que se valoraba negativamente “cualquier medida que supusiera incluir en la normativa proyectada un mecanismo de fijación de precios mínimos”. Rechazaba también cualquier otra medida que plantease con la finalidad de fijar directa o indirectamente precios mínimos, y cuestionaba la inseguridad jurídica que la nueva normativa podría generar, así como la “burocratización innecesaria” y “desproporcionada” de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena.