La Oficina del Defensor señaló en un comunicado que la colaboración entre las distintas autoridades educativas permitiría lograr ese objetivo de gratuidad.

Pero hasta que se alcance esa meta, la defensora pide medidas que alivien la carga económica que supone para las familias la compra de manuales escolares.

Becerril asegura que coincide con otros organismos, como la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en que hay que reducir los desembolsos que en la actualidad realizan las familias, extendiendo hasta el máximo razonable el tiempo de vigencia de los libros de texto.

La defensora apuesta además por la reutilización de los libros de texto y por la implantación y desarrollo de sistemas de préstamo e intercambio de materiales didácticos. También recomienda que las actuaciones coordinadas de las distintas administraciones educativas garanticen la igualdad de trato de todos los alumnos, independientemente de su territorio de residencia.