Los llevarán a cabo la Consejería de Economía y Hacienda con la Asociación de Empresarios de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Mantenimiento, Electricidad y afines de Madrid (Asefosam) y la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid (Apiem), se destinan 600.000 euros para cada uno y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.

Estos convenios permitirán a los ciudadanos recibir una ayuda para sustituir calderas convencionales antiguas por otras nuevas de condensación, así como reformar las instalaciones eléctricas generales y comunes en las comunidades de propietarios.

Victoria destacó que el objetivo de estos planes es mejorar la seguridad y la eficiencia de estas instalaciones, así como optimizar el rendimiento energético de los equipos y reducir su consumo.

El Plan Renove de Calderas Individuales cumple su séptima edición y permitirá a los madrileños solicitar una ayuda de hasta 150 euros para instalar este tipo de calderas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

Estos equipos permiten un ahorro de más del 20% en el consumo de combustible al recuperar, gracias a la condensación, parte de la energía que de otro modo se perdería con los humos que se expulsan a la atmósfera.

Para acceder a estas subvenciones, el titular o usuario de la instalación deberá presentar la solicitud a Asefosam junto a la documentación pertinente. La subvención estará limitada al 30% del precio de la caldera y del montaje antes de la aplicación del IVA. La anterior edición de este Plan Renove permitió la instalación de cerca de 10.000 calderas de este tipo.

El Plan Renove de Instalaciones Eléctricas Comunes en Comunidades de Propietarios ofrecerá ayudas para las reformas integrales de la instalación eléctrica común de edificios de viviendas, que ascenderán a 60 euros por cada contador que tenga la finca en la que se realice la reforma.

Para acceder a estas ayudas, la reforma debe incluir las instalaciones de enlace (aquellas que unen la caja general de protección con las instalaciones interiores de cada usuario) y las correspondientes a los servicios generales del edificio, como alimentación eléctrica de ascensores o alumbrado de escalera. Los edificios deben estar destinados principalmente a viviendas y disponer de más de dos suministros. Hay más de 158.000 inmuebles de este tipo en la Comunidad de Madrid, con una antigüedad superior a 40 años en el 30% de los casos.