Así lo confirmó hoy a Servimedia el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Santiago Martín, tras conocer que el Ministerio de Medio Ambiente y la Diputación General de Aragón han sido condenados a indemnizar con más de 11 millones de euros a los familiares de las víctimas de aquella tragedia, ocurrida en agosto de 1996.

Ecologistas en Acción elaboró un año después de la tragedia un informe sobre las construcciones que se encontraban en situación parecida al cámping "Las Nieves" y concluyó que unas 25.000 instalaciones se mantenían dentro del dominio público hidráulico.

Ahora, esta ONG ha actualizado los datos, que han revelado que, lejos de disminuir, la construcción en cauces peligrosos ha aumentado. "Las administraciones no han hecho nada por evitarlo", lamentó Santiago Martín, "apenas elaborar mapas de riesgo en algunas comunidades, como la valenciana o la vasca, que detectan el problema pero no lo resuelven".

"Hoy hay 40.000 construcciones en cauces de ríos, la mayoría de ellas viviendas, pero también hay polideportivos, polígonos industriales, bastantes cámping e incluso colegios", dijo Martín.

La construcción en los cauces de los ríos se extiende por todo el país, pero es en la costa mediterránea donde se encuentran la mayor parte de estas construcciones. También la Comunidad de Madrid alberga muchas de estas instalaciones, 1.500 en toda la región.

La razón principal que se esconde tras esta forma de construir en lugares peligrosos es la especulación inmobiliaria, denunció Martín. "Se trata de suelo público y la especulación inmobiliaria hace que lo rentable sea construir viviendas en los terrenos, no instalar cámping. La especulación desplaza los cámping a los cauces y eso es un problema muy grave", concluyó.