El resto de las intoxicaciones se produjeron por consumo de alimentos cocinados en casa, el 20 por ciento pr precocinados y del 4 por ciento restante no se conoce el origen.

El 46 por ciento de las personas intoxicadas precisaron tratamiento médico a domicilio o en consulta, el 38 por ciento no necesitó tratamiento especial y el 9 por ciento fue internado en un centro hospitalario.

A pesar de estos problemas, el consumidor español suele reivindicar poco, ya que el 19 por ciento afirma que las reclamaciones no sirven para nada, el 5 por ciento dice no saber dónde presentar su queja y el 73 por ciento d los encuestados afirma no haber tenido motivos serios para protestar.

El sondeo revela que los hombres mayores de 41 años que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes son las personas más excépticas ante los procedimientos que protegen sus derechos.

Los ciudadanos que afirman desconocer el procedimiento de reclamación son, en general, personas que viven en medios rurales o urbanos de más de un millón de habitantes, que están en paro, son jubilados o estudiantes.

PROTESTAR AL VENDEDOR

En cuanto al procedimiento de reclamación que usarían en caso de necesitarlo, los españoles se decantan en un 67 por ciento de los casos por hacerlo ante el vendedor o la persona responsable, el 9 por ciento acudiría a una institución pública de consumo, el 5 por ciento a una asociación de consumidores y el 2 por ciento presentaría una denuncia judicial.

Los servicios que mayor número de quejas reciben son los de asistencia técnica de electrodomésticos (un 17 por ciento de los casos), luz y teléfono 9 por ciento), talleres automóviles y servicios bancarios (5 por ciento), servicios públicos y restauración (4 por ciento) y gas y vivienda (3 por ciento).

Según la encuesta, las instituciones de consumo más conocidas son las OMIC (Oficinas Municipales de Información al Consumidor), que dan cobertura al 70 por ciento de la población censada en España.