“Me han humillado, han arruinado mi reputación, he sido tratado como un criminal y encerrado con presos comunes, la única forma que tengo de defenderme es en Argentina, por eso acepto mi extradición”, alegó Poch en la vista celebrada este miércoles por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Esta postura supone un cambio radical de parecer por parte de Poch, quien en su comparecencia el pasado 6 de octubre ante el juez instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se negó tajantemente a ser extraditado a Argentina.

Las autoridades argentinas reclaman la extradición de Poch, que era piloto de la Armada, para juzgarle por su presunta participación en los vuelos que durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 se dedicaban a transportar y lanzar al mar a los opositores del régimen. Se calcula que más de 11.000 personas murieron en estos vuelos.

Al contar con el visto bueno de la Fiscalía y con el beneplácito del propio acusado, es previsible que los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presididos por el juez Ángel Hurtado, resuelvan el caso en los próximos días para ordenar la extradición de Poch a Argentina. El presunto piloto de los “vuelos de la muerte” podría estar a disposición de la justicia argentina en un plazo de 40 días.

Poch, de 57 años, fue detenido el pasado 22 de septiembre en el aeropuerto de Manises cuando se disponía a despegar en uno de sus últimos vuelos como piloto de la compañía Transavia. Su arresto se produjo por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y en virtud de una orden de busca y captura internacional dictada por la justicia argentina.

CONSPIRACIÓN INTERNACIONAL

Durante su intervención ante el tribunal que debe decidir sobre su extradición, Poch fue más allá y dijo ser un “detenido político” víctima de una conspiración internacional. “Holanda quiso deshacerse de un ciudadano por razones políticas, pero lo más vergonzoso es lo que ha hecho la justicia argentina”, aseguró el piloto ante los magistrados.

En concordancia con este argumento, el abogado defensor de Poch, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, aseguró que el proceso penal al que se enfrenta su cliente es fruto de un “problema político” entre Holanda y Argentina en el que está involucrada la familia real del país bajo.

El letrado relacionó la detención del piloto con el hecho de que el padre de Máxima Zorreguieta, la actual princesa de Holanda, de origen argentino, tiene prohibida la entrada en el país sudamericano.

Peláez denunció una supuesta “connivencia” entre las autoridades argentinas y holandesas, quienes a su entender “se pusieron de acuerdo para aprovechar los viajes que hacía Poch como piloto para que fuera detenido en España”, lo que a su entender supone un fraude de ley.

En su última intervención, Poch aseguró que ha sido acusado sin pruebas y negó haber estado destinado en durante su etapa de piloto en argentina en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la institución conocida por ser la sede en la que la dictadura militar torturaba a los opositores del régimen.