España destinó a control fronterizó 289,3 millones de euros entre 2007 y 2013, frente a 9,3 millones a asistencia a refugiados y demandantes de asilo.

En su análisis de España, Amnistía muestra su preocupación por las devoluciones de inmigrantes irregulares ‘en caliente’. “En febrero de 2014, la Guardia Civil española efectuó disparos de fogueo y lanzó pelotas de goma contra unos 250 migrantes y refugiados que trataban de llegar a nado desde Marruecos a la playa de Ceuta, enclave español del norte de África. En el incidente murieron 14 personas, y las 23 que lograron alcanzar la playa fueron devueltas inmediatamente, al parecer sin permitirles acceder a ningún procedimiento oficial de asilo”, señala el informe.

La Unión Europea gastó casi dos mil millones de euros en proteger sus fronteras externas entre 2007 y 2013, frente a los 700 millones que destinó a mejorar la situación de personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Casi la mitad de las personas que tratan de entrar irregularmente en la UE huyen del conflicto o la persecución en países como Siria, Afganistán, Eritrea y Somalia.

“En su determinación de cerrar sus fronteras, la Unión Europea y sus Estados miembros están poniendo en peligro las vidas y los derechos de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo”, denuncia Amnistía.

Para John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, “la eficacia de las medidas de la UE para contener la afluencia de personas refugiadas y migrantes en situación irregular es, como mínimo, cuestionable. Mientras, el coste en vidas humanas y sufrimiento es incalculable y lo pagan personas que se encuentran entre las más vulnerables del mundo".

AI critica que la UE y sus Estados miembros financian y cooperan con países vecinos –como Turquía, Marruecos y Libia– para crear una zona de contención en torno a la UE e intentar detener a personas refugiadas y migrantes incluso antes de que lleguen a las fronteras de Europa, y al mismo tiempo, “hacen la vista gorda ante los abusos contra los derechos humanos que sufren las personas refugiadas y migrantes en estos países”.

"Básicamente, los países de la UE están pagando a sus vecinos para que vigilen sus fronteras por ellos. El problema es que muchos de estos países con frecuencia son incapaces de garantizar los derechos de las personas refugiadas y migrantes que están atrapadas en ellos, muchas de las cuales terminan en la indigencia, explotadas, acosadas y sin poder acceder a procedimientos de asilo", subrayan los autores del informe.